El negocio de la moda “étnica” y la apropiación estética no son episodios aislados de mal gusto: son la manifestación visible de un modelo económico que extrae valor cultural sin devolverlo. Las estimaciones del mercado global de prendas y accesorios inspirados en identidades culturales varían —los informes de mercado sitúan la industria de ethnic wear en decenas de miles de millones de dólares al año—, pero la conclusión es la misma: la cadena de valor captura grandísimas utilidades mientras las comunidades originarias, portadoras de los saberes y los motivos, reciben una porción mínima, a veces inexistente, de ese valor.
Un estudio de mercado reciente reportó que el tamaño del mercado global de ethnic wear se ubica en rangos que van desde decenas hasta casi cien mil millones de dólares, según la metodología y la definición empleada; esa variación no debe ocultar lo esencial: hablamos de un negocio enorme que opera con asimetrías profundas.
La matemática detrás de la desigualdad es simple, pero brutal: diseño colectivo (a menudo desarrollado por generaciones) → reproducción acelerada por industrias con cadenas globales → venta a márgenes vastísimos → extracción de rentas sin reconocimiento ni pago justo. Ese circuito económico se apoya en tres mecanismos principales que conviene desmontar para entender por qué la apropiación cultural es, en efecto, un modelo de extracción.
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El primer mecanismo es la velocidad y la copia. Plataformas y fabricantes de moda rápida usan algoritmos, equipos de diseño y fábricas flexibles para detectar motivos artesanales y reproducirlos a escala en cuestión de días u horas. Casos documentados muestran cómo empresas de ultra-fast-fashion han sido acusadas de “robar” diseños de artistas, ilustradores y artesanos: investigaciones periodísticas y demandas han señalado que firmas capaces de producir en tiempo récord replican motivos que tardaron generaciones en desarrollarse. La acusación contra Shein —y su histórica polémica por reproducir obras de artistas y de diseñadores independientes sin licencia— ilustra cómo la velocidad se traduce en apropiación masiva.
El segundo mecanismo es el markup masivo. El huipil, la pieza bordada o el textil tejido en un taller comunitario puede costar en origen 10 o 20 dólares; en una tienda global, convertido en “prenda boho” o “inspiración étnica”, puede venderse por cientos. Reportes sobre casos concretos —como la acusación de México contra marcas que comercializaron bordados tradicionales sin autorización— muestran márgenes que exceden con creces el costo original y que no se traducen en ingresos para las comunidades afectadas. Cuando un diseño colectivo se privatiza sin acuerdo, la captura de valor se concentra en el eslabón comercial que más capital tiene, no en quien mantiene la tradición.
El tercer mecanismo es la anonimización del origen: invisibilizar la procedencia cultural. Por omisión o estrategia, muchas piezas llegan al mercado sin etiquetas que expliquen su autoría colectiva, sin narrativas de origen, sin acuerdos de coproducción. Esa opacidad impide que el consumidor sepa a quién beneficia su compra y que la comunidad reclame remuneración o reconocimiento. Diversos actores de la sociedad civil y organismos internacionales resaltan que buena parte del problema es de gobernanza: no hay reglas globales que obliguen a compartir las regalías de bienes culturales inmateriales cuando se comercializan en el mercado global.
Estos tres ejes —velocidad, markup y anonimización— se combinan para construir lo que podemos llamar un modelo económico de extracción cultural. El resultado es una externalidad cultural negativa: el esquema monetiza lo colectivo, lo privatiza y lo remunera mal o no lo remunera. Desde un punto de vista ético y económico, es un problema de justicia distributiva; desde un punto de vista cultural, es una forma de despojo.
¿Cómo se comporta este fenómeno en Colombia y qué hace el sector para evitarlo?
Colombia, país de enorme diversidad étnica y textil, no está al margen de estas dinámicas. Aquí conviven prácticas de apropiación —venta de motivos inspirados en tejidos indígenas sin contratos claros, colecciones que se apropian de iconografías sin atribución— y esfuerzos por revertirlas. El Estado y el sector privado impulsan instrumentos y prácticas para defender la autoría cultural y fortalecer cadenas de valor justas.
En el plano legal y de política pública, Colombia ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO e incorporó marcos legales para proteger manifestaciones culturales (la Ley 1185 de 2008, entre otras iniciativas). Es decir: existe reconocimiento institucional de la necesidad de proteger los saberes y prácticas culturales.
Además, el Ministerio de Cultura aumentó la inversión en el sector cultural y advierte sobre la necesidad de proteger patrimonios tangibles e intangibles; en años recientes el presupuesto destinado al sector cultural creció, y se han promovido programas para formalizar cadenas productivas de artesanías y saberes locales. Esta agenda pública combina registro, formación y promoción comercial responsable.
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En la industria de la moda colombiana hay iniciativas que buscan prácticas más equitativas. Ferias y eventos como Colombiamoda han abierto rutas de sostenibilidad y pabellones para iniciativas que conectan directamente a artesanas con compradores, promoviendo modelos de comercio justo y trazabilidad de materiales, sin embargo, aunque existentes, son acciones bastante insulsas entendiendo el valor que actualmente tiene el sector y las ganancias que vienen del mismo.
Paralelamente, emergen diseñadores y marcas que trabajan en alianza con comunidades: proyectos que recuperan fibras nativas, reconocen autorías, utilizan contratos de coproductividad y generan valor compartido. Ejemplos de la región muestran que, con voluntad institucional y empresarial, se puede articular modelos que paguen precios justos, creen empleo local y preserven conocimiento. En Colombia hay casos y voces —diseñadores, ONG y cooperativas— que convirtieron esa ética en parte central de su propuesta comercial y narrativa. Un caso mediático reciente es el de diseñadores que transforman desechos textiles y trabajan con colectivos vulnerables, demostrando que la sostenibilidad y la justicia cultural pueden integrarse en modelos de negocio.
Sin embargo, los desafíos son enormes. Muchas pymes colombianas aún operan en mercados informales, sin capacidad para negociar derechos colectivos; la demanda internacional favorece volúmenes y precios bajos que tensionan cualquier intento de pagar precios justos; la implementación de mecanismos de protección colectiva (como indicaciones geográficas aplicadas a textiles) está todavía en proceso de discusión técnica y política. Investigaciones jurídicas han señalado que la protección a través de figuras como las geographical indications o licencias colectivas puede ser viable, pero requiere voluntad política regional y cooperación internacional para evitar que la protección quede limitada a marcos nacionales sin alcance real frente a actores transnacionales.
Qué prácticas concretas deben impulsarse (y qué están haciendo algunas instituciones)
Para desplazar el modelo extractivo hay caminos claros y prácticos que exigen intervención pública, regulación y mejores prácticas empresariales:
- Etiquetado ético y trazabilidad: exigir en la cadena de valor información clara sobre origen cultural, autoría, taller y porcentaje de margen revertido a la comunidad. Esto transforma la compra en una decisión informada y permite asignar responsabilidad. Iniciativas de conservación y grupos de trabajo con marcas desarrollaron principios para asociaciones con pueblos originarios; esas guías deben traducirse en normas.
- Regalías culturales y licencias colectivas: modelos jurídicos como las indicaciones geográficas o licencias colectivas permiten remunerar a las comunidades propietarias de técnicas o motivos. Estudios legales muestran que estas herramientas, adaptadas, pueden proteger textiles y artesanías, siempre que se articulen con políticas de comercio internacional.
- Alianzas directas entre marcas y cooperativas: negociar precios justos y contratos de coproducción. En Colombia, cooperativas artesanales y proyectos de moda con impacto social han demostrado que es posible comercializar a mayor valor sin sacrificar la dignidad del trabajo. Promover compras públicas y ferias con estándares de compra responsable puede escalar estos modelos.
- Auditorías e incentivos: certificar prácticas de redistribución y generar incentivos fiscales o de mercado para empresas que demuestren reinversión en comunidades. Las auditorías de impacto deben medir empleo, remuneración y preservación cultural.
- Educación al consumidor: campañas que expliquen el origen de una prenda y por qué pagar por autoría colectiva no es “lujo” sino justicia cultural. La demanda consciente puede cambiar la oferta.
- Cooperación internacional: frente a actores transnacionales, la protección nacional no basta; la coordinación regional (por ejemplo, entre países latinoamericanos) y el soporte de organismos multilaterales (UNESCO, ONU) son clave para imponer reglas mínimas de comercio culturalmente responsable.
El modelo de extracción cultural es rentable porque combina la asimetría del poder comercial con vacíos legales y la ceguera del consumo masivo. Romperlo exige cambiar tres cosas: normas, prácticas empresariales y cultura de consumo. Colombia ya tiene herramientas —leyes, ferias, diseñadores comprometidos, cooperativas—, pero debe escalar estos esfuerzos y empujarlos hacia estándares obligatorios y acuerdos internacionales.
No se trata de impedir el intercambio cultural —éste puede ser enriquecedor— sino de que ese intercambio sea justo: cuando un motivo ancestral llega a una pasarela o a un estante, la comunidad que lo creó no debe ser invisible; debe recibir reconocimiento, precio justo y control sobre su narración. Pedir menos romanticismo y más contratos, menos “inspiración” y más acuerdos: esa es la vía práctica para que la moda deje de ser un negocio multimillonario construido sobre trabajo cultural no remunerado y empiece a ser un motor real de desarrollo cultural y económico para quienes más lo merecen.
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